El Estado venezolano viene diseñando e implementando políticas dirigidas a fortalecer las pequeñas empresas con el propósito de abrir la economía y el mercado nacional a la competencia y a la inversión de nuevos actores. De esta manera, se quiere alcanzar una mejor distribución del ingreso que propicie el logro del equilibrio económico. Para alcanzar estos propósitos entre las líneas de acción se encuentra la “protección y fomento de la economía social, como una estrategia para la democratización del mercado y el capital. En tal sentido, se busca la participación en el mercado de nuevos actores económicos, tales como empresas familiares, asociaciones comunitarias, cooperativas, pequeños empresarios, entre otros.
En estas organizaciones existe un alto grado de flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo, materializada en la amplia movilidad de los puestos de trabajo, en el libre uso de horas extras, en la disminución del descanso o recuperación del trabajador, en las formas de contratación y en la asignación de las remuneraciones, entre otros aspectos, que junto con el control directo sobre la forma de trabajo, se traduce en una mayor explotación del trabajador.
En consecuencia, el riesgo laboral se convierte para los trabajadores en algo cotidiano, que se internaliza como parte de su modo de vida, es decir, se acostumbran a trabajar en la incertidumbre, de una manera individualizada y cada día más dependientes de las normas flexibles que los excluye continuamente de la dinámica del mercado de trabajo y de una cultura laboral.
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